EN BREVE:

En la última década, América Latina y el Caribe ha mantenido una trayectoria de crecimiento moderado, así como una reducción de las brechas de desigualdad. Sin embargo, aún sigue siendo una de las regiones más desiguales en el mundo. Por tanto, la persistencia de las brechas de género, como los elevados niveles de segregación laboral, requieren una atención prioritaria y de acciones concertadas por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Nuevas formas de trabajo han emergido como respuesta a oportunidades y desafíos enfrentados por las economías, caracterizados entre otros por los altos niveles de informalidad, la flexibilidad laboral y la creciente digitalización de ciertos sectores e industrias. Todos ellos elementos asociados a transformaciones derivadas de la cuarta revolución industrial.

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La superación de inequidades en el mercado de trabajo requiere la puesta en marcha de nuevas políticas de empleo que incluyan entre sus objetivos el desarrollo de las mujeres en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad de trato y oportunidades con los hombres. Así como el fortalecimiento del acceso, permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral.  Asimismo, son necesarios los cambios en los marcos legales que favorezcan una mayor corresponsabilidad social para la conciliación entre trabajo y familia, que creen condiciones efectivas para la eliminación de discriminaciones en el mercado laboral, así como el desarrollo de medidas de protección frente al acoso sexual en el trabajo, entre otros aspectos. Solamente con políticas que contengan tales ingredientes, los problemas estructurales podrán ser superados para fomentar el empleo decente y de calidad.

Para hacer frente a esta situación, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brinda acompañamiento integral a los países de la región para avanzar en Políticas de Igualdad Laboral, el desarrollo de políticas públicas como los Programas de Certificación de Sello de Igualdad de Género, el fortalecimiento de marcos legales y normativos de apoyo, y el desarrollo de las capacidades institucionales necesarias para avanzar la igualdad en el empleo y el trabajo decente.

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